El 31 de marzo, el golpe militar que llegó a Brasil después de 21 años de dictadura (1964-1985), transformó la destrucción de la Amazonía en política de Estado, empleó a más de 8.000 indígenas y cientos de no indígenas, convirtió las comisarías en Centros de tortura de opositores y secuestró de niños y adultos, cumplen 60 años. Desde la redemocratización, con las primeras elecciones presidenciales en 1989, Brasil vive ahora su momento más delicado en su relación con las Fuerzas Armadas. Las pruebas son múltiples. Pero ninguna consecuencia es tan obvia como el fracaso de los militares en cometer el genocidio del pueblo indígena yanomami en la frontera de Brasil con Venezuela.
Al inicio del tercer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, la plataforma periódica Sumaúma informó que 570 niños yanomami menores de cinco años sufrieron enfermedades prevenibles, como malaria, neumonía y verminosis, durante los cuatro años de gobierno del extremista de derecha Jair Bolsonaro, un capitán retirado del ejército. Al día siguiente, Lula intervino en el Ministerio de la Región Amazónica y declaró la emergencia sanitaria. En 2023 pagué 200 millones de dólares, se los envié a 2.000 profesionales sanitarios y… fracasó. La cifra de muertes en los primeros 11 meses del año pasado es muy similar a la del último año de gobierno de Bolsonaro: 308 personas, más de la mitad de ellas niños.
En parte, el ruido se debe a la incompetencia en la gestión de las acciones sanitarias. En parte, esto se debe a la omisión de los militares en la lucha contra la minería ilegal. No se puede detener el genocidio yanomami sin eliminar la operación de extracción de oro, parcialmente controlada por el crimen organizado, que atrajo a kilómetros de invasores a tierras indígenas y contaminó ríos con mercurio diario. Protagonistas históricos de las masacres contra los indígenas, quienes los consideraban obstáculos para el «desarrollo», e ideológicamente más cercanos a los minerales ilegales, las Fuerzas Armadas desobedecieron al Gobierno y dejaron de cumplir su compromiso en la lucha contra la ilegalidad. También deben entregar todas las canastas de alimentos a los indígenas que sufren desnutrición severa. La desobediencia es flagrante y los yanomami están pagando con sus vidas. Pero Lula prefiere hablar oficialmente con las Fuerzas Armadas cada vez que tiene oportunidad.
La sensibilidad de la relación entre el gobierno civil y los militares ha estado en la agenda en Brasilia desde que Lula murió en el Palacio de Planalto. El 8 de enero de 2023, una horda de partidarios de Bolsonaro intentó apoderarse del estado para robarle a los votantes el gobierno, siguiendo los pasos de Donald Trump en el Capitolio. Antes, acamparon frente a los cuarteles durante la semana sin ser acosados. En cambio, el ambiente era de camaradería. La ley se aplicó a los civiles que participaron en el intento de golpe, pero no afectó a los militares, a pesar de haber distribuido un folleto claro en la escalada de las reuniones.
La “normalidad democrática”, expresión utilizada con insistencia por las autoridades civiles, roza una lámina de cristal, que teme mucho que en cualquier momento se convierta en añicos. El orden de Brasilia parece no tener asco ni enfrentar a las Fuerzas Armadas, ni siquiera ante un genocidio indígena, para que la relación no se rompa. Hasta cierto punto, Lula es rehén. Y si un gobierno electo tiene que ahogar este tipo de cantos de las fuerzas que constitucionalmente deben obedecer, Brasil sigue en un estado de golpe de Estado.
Regístrate para seguir leyendo
lee sin limites
_
